Una reforma legal convertirá el Registro Civil en una base de datos electrónica a la que se podrá acceder a través de Internet El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al anteproyecto de Ley del Registro Civil, que busca «cambiar de arriba a abajo» el modelo vigente desde 1957 e introducir un sistema electrónico que simplificará trámites y agilizará procesos. Según explicó el titular de Justicia, Francisco Caamaño, no se trata simplemente de sustituir libros por ordenadores, sino de crear una base de datos común que sea accesible por Internet y que transforme por completo el servicio prestado al ciudadano.
Cuando comience a aplicarse la reforma, dentro de dos años, dejarán de expedirse los tradicionales libros de familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales solicitadas personalmente o a través de la Red. Y los municipios se ocuparán de inscribir los enlaces matrimoniales. En líneas generales, la Administración local, los centros sanitarios y los órganos judiciales remitirán por vía telemática al registro los documentos necesarios para anotar nacimientos, divorcios y defunciones.
Caamaño explicó que el procedimiento actual dejará de estar «judicializado». Eso no significa que los magistrados dejarán de controlarlo, pero en adelante la gestión recaerá en «funcionarios públicos cualificados» dependientes del Ministerio de Justicia. De esta manera, se descargará de trabajo a la judicatura para que se dedique a dictar sentencias y ejecutarlas. Precisamente, el Gobierno va a cambiar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las atribuciones de juzgados y tribunales.
Ventanilla individual
El Registro Civil se convertirá en el futuro en una ventanilla individual, en la que cada individuo tendrá una ficha propia con su historial civil. Al nacer, cada español recibirá un Código Personal de Ciudadanía, correspondiente a una secuencia alfanumérica, que le servirá para todos los trámites que realice en su vida. La ficha particular podrá consultarse desde el ordenador, pero también será accesible por las administraciones que lo necesiten. «Lo normal es que no se exija nunca al ciudadano que presente una certificación», explicó Caamaño.
El anteproyecto del Gobierno prevé la expedición de certificados en lenguas cooficiales y contempla tres tipos de oficinas: las generales, la central y las consulares. Las primeras serán las encargadas de las funciones ordinarias. Se creará un establecimiento de ese tipo en cada comunidad autónoma y otro más por cada 50.000 habitantes. La oficina central inscribirá las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, así como los documentos auténticos extranjeros; y también asumirá de la cooperación jurídica internacional en materia registral. Por último, las oficinas consulares en el extranjero no variarán sustancialmente.
